“La destrucción moral no puede llevar a la inacción”

El doctor Alberto Soto asegura que la batalla contra el autoritarismo debe darse en las calles, acogiéndose al artículo 350 de la Constitución

Verónica V. Rodríguez G.

Los  venezolanos que votaron contra el modelo político de Hugo Chávez en las elecciones parlamentarias de septiembre vieron cómo su voluntad se veía disminuida en diciembre. Así lo considera Alberto Soto, doctor en Ciencias Políticas (USB) e investigador asociado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid.

La aprobación apresurada de una veintena de leyes por una Asamblea Nacional “moribunda” representa, según Soto, un golpe de Estado contra los parlamentarios electos: ya cuentan con un cerco que busca eliminar la posibilidad del debate.

La mayoría de las leyes sancionadas en las últimas sesiones de la fenecida Asamblea incluyen  conceptos vagos, que bien podrían servir como comodín ante cualquier situación. Soto advierte sobre la posibilidad de utilizar las nuevas leyes a conveniencia y hace un llamado a mantenerse alertas frente a los abusos de poder y las violaciones de la Constitución.

—¿Cómo se ve el panorama político del país, tras la aprobación de leyes de forma apresurada e inconsulta?

—El paquetazo implica una violación a los derechos democráticos universales y una ruptura de las obligaciones internacionales que tiene el Estado venezolano. Con estas leyes ilegítimas e inconstitucionales, se transforma por completo el orden jurídico-político del país, quebrando el estado de derecho. Esto dibuja un panorama sombrío. El Gobierno deja  atrás la apariencia de constitucionalidad: cada vez es más común la aplicación de fórmulas autoritarias, razón por la cual se ha acelerado considerablemente la crisis política.

—¿Cuál es el objetivo de acelerar la crisis política?

—Llevar a la sociedad hacia el límite, asfixiarla; haciendo que se sienta desmoralizada. Una sociedad ahogada no puede hacer frente a imposiciones autoritarias. Si se consigue acallar a la disidencia, se facilita la imposición de un pensamiento único y la abolición del pluralismo democrático.

—¿Todo esto con miras a las elecciones presidenciales de 2012?

—Por supuesto. En días pasados, decía Pedro Nikken que todo indica que el Presidente no invitará a que lo reelijan en 2012, sino que le ordenará al electorado que lo haga. Todas las acciones emprendidas a partir de las parlamentarias son a sabiendas de que al reloj que lleva las cuentas de la revolución bolivariana se le está acabando la arena. Chávez tiene los días contados y lo sabe. Tras la caída electoral de septiembre, los números no dan y la preocupación se hace sentir.

—¿Actúa, entonces, por desesperación?

—En cierta forma. Aunque no creo que esté tomando decisiones desesperadas; más bien lo hace concienzudamente, evaluando los costos políticos de todo.

—¿Por eso la decisión de vetar la Ley de Universidades (LEU)?

—El recule no puede verse exclusivamente como respuesta a la presión del movimiento estudiantil. El Presidente está tanteando el terreno, viendo qué puede hacer y qué no. El veto a la LEU responde a un cálculo costo-beneficio. A Chávez se le juntaron muchas crisis al mismo tiempo y los estudiantes siempre han sido el detonante de los cambios políticos.

—¿Son los estudiantes quienes pueden hacerle frente al Presidente?

—Uno de los grandes errores de la oposición es pensar que el futuro de Venezuela está en manos de los estudiantes. Sí, son actores fundamentales para cualquier cambio político, pero es una irresponsabilidad dejarlos solos en una lucha que corresponde a todos por igual.

—¿Dónde se debe dar la lucha?

—No hay un escenario único. Cada quien debe mantenerse activo: los diputados desde la Asamblea, estudiantes y profesores desde las aulas… Además, se debe dar la batalla en la calle, para figurar incluso internacionalmente. Gandhi decía: “La democracia no está hecha para quienes se portan como borregos”. Es necesario acogerse una vez más al artículo 350 de la Constitución.

—La desobediencia civil se convirtió en tabú para muchos, dados los resultados negativos del pasado: 11 de abril, paro petrolero… ¿Sigue siendo el artículo 350 la mejor opción?

—La destrucción moral no puede llevar a la inacción. Los errores del pasado son circunstanciales. La protesta pasiva es un derecho constitucional de los venezolanos.

—El oficialismo repudia la protesta pasiva, arguyendo que las “guarimbas” solo buscan la desestabilización.

—Es cómico que un principio tan defendido en los tiempos de la Constituyente sea criticado por quienes lo propusieron. El deterioro democrático y la aparición de tendencias totalitarias dejan pocas opciones para preservar el poder soberano del pueblo. Hay que saber utilizar el principio de la desobediencia civil, en aras de preservar lo que queda de la democracia venezolana.

Al reloj que lleva las cuentas de la revolución bolivariana se le está acabando la arena.

Es una irresponsabilidad dejar a los estudiantes solos en una lucha que corresponde a todos por igual.